El portazo de Puigdemont a la ley de vivienda deja a Pedro Sánchez en la cuerda floja
Tras fracasar las negociaciones con Junts sobre su propuesta alternativa, el Gobierno encaja las críticas de PP y Vox, que le exigen construir casas ante la falta de oferta
El 'no' de los siete diputados de Puigdemont tumba las iniciativas sobre alquileres y desahucios de PSOE y Sumar, evidenciando la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
La estabilidad del Ejecutivo central ha vuelto a tambalearse en el Congreso de los Diputados. Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, sumó sus votos a los de la oposición para derogar los dos reales decretos-leyes tramitados por el Gobierno en materia de vivienda. Las iniciativas, orientadas a fijar alquileres de duración indefinida y a frenar los desahucios, decayeron tras ser rechazadas por sendas mayorías: la primera por 178 votos en contra frente a 172 a favor, y la segunda por 184 frente a 166.
Los siete parlamentarios neoconvergentes que permitieron la investidura de Pedro Sánchez hace tres años retiraron esta vez su respaldo en un asunto de alta sensibilidad social, mostrando la vulnerabilidad del bloque de gobernabilidad y abriendo la puerta a un hipotético adelanto electoral. Aunque el grupo encabezado por Míriam Nogueras planteó iniciativas alternativas y solicitó rehacer el texto a puerta cerrada, las conversaciones no fructificaron. Como consecuencia, las normas aprobadas en Consejo de Ministros decaen y dejan de tener validez legal.
Ruptura en la negociación parlamentaria
Durante el debate, Nogueras justificó la negativa de su grupo argumentando que las medidas gubernamentales acaban favoreciendo la especulación de los fondos de inversión y provocando un efecto contrario al anunciado. Asimismo, achacó a la gestión del Ejecutivo la subida continuada de los precios del alquiler y las elevadas cifras de lanzamientos judiciales registradas durante su mandato.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apeló sin éxito al voto de los independentistas para evitar la caída de las normas. El propio Pedro Sánchez intervino en la sesión parlamentaria para pedir responsabilidad a las fuerzas políticas, advirtiendo de que el rechazo a estas medidas supone un duro golpe para la ciudadanía y acusando a las formaciones que votaron en contra de actuar por cálculo electoral.
La oposición exige un cambio de rumbo y más construcción
Las bancadas del PP y de Vox recriminaron al Gabinete socialcomunista la falta de resultados tras años de gestión. Desde el Partido Popular, Juan Bravo sostuvo que los decretos merman la oferta de arrendamiento e incrementan la inseguridad jurídica. Bravo contrapuso esta política con el plan de su formación, que contempla la construcción de un millón de inmuebles en un plazo de cuatro años, y reclamó la convocatoria inmediata de elecciones.
En una línea parecida, el portavoz de Vox, Carlos Hernández Quero, afirmó que vetar los desahucios desincentiva el alquiler a los colectivos con menos recursos debido al recelo de los arrendadores. Hernández Quero urgió a reformar la Ley del Suelo, agilizar la burocracia urbanística y centrar la acción pública en construir viviendas de forma masiva para la población.
