La magistrada Tardón solicitará levantar el secreto a cerca de una veintena de comunicaciones entre el CNI y la delegación del Gobierno en Ceuta
El ex jefe del gabinete del anterior delegado del Gobierno revela ante la magistrada la existencia de esos mensajes desconocidos hasta ahora y afirma: “El delegado me transmitió con frustración e impotencia que desde arriba veían la situación como un verano más”
Un exalto cargo de la Delegación del Gobierno revela ante la Audiencia Nacional avisos previos del CNI sobre la crisis de Ceuta y acusa al Ejecutivo de inacción
Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, compareció este jueves ante la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en el marco de la investigación sobre los acontecimientos ocurridos a finales del mes de julio. Durante su declaración, el testigo desveló la existencia de 19 mensajes de texto intercambiados el 29 de julio con un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aún permanecen clasificados por el Gobierno. En dichas comunicaciones, según expuso, el servicio de Inteligencia alertaba de la coordinación de grupos multitudinarios a través de redes sociales para irrumpir de forma masiva en la ciudad autónoma al día siguiente.
Tras finalizar la comparecencia, la jueza Tardón requirió el teléfono móvil del testigo para proceder al volcado de la información. Ante la petición de la acusación popular, ejercida por Iustitia Europa, para incorporar las comunicaciones a la causa, la magistrada indicó a las partes que se debe esperar a que el Consejo de Ministros acuerde la desclasificación formal de dicho paquete de mensajes, del cual hasta la fecha solo se ha liberado una parte.
Advertencias ignoradas y falta de refuerzos fronterizos
En su declaración, Sanz ratificó que comunicó de inmediato los avisos de la Inteligencia española al delegado del Gobierno. Asimismo, justificó su posterior dimisión por el desmentido público que realizó Pérez Triano, atribuyendo esa discrepancia a un posible olvido personal del exdelegado sobre la conversación mantenida de forma presencial. El compareciente sostuvo haber sido plenamente transparente con su superior, quien actuaba como enlace directo con los agentes del CNI.
El exjefe de gabinete aseveró de forma tajante que las distintas advertencias elevadas desde la Delegación a los estamentos centrales del Ejecutivo no recibieron la respuesta adecuada. Según su testimonio, Pérez Triano le manifestó con impotencia que desde los ministerios en Madrid se abordaba la coyuntura previa «como un verano más». Sanz explicó que, si bien la administración local no preveía una irrupción de 80.000 personas, sí existía plena conciencia de que la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre el procedimiento de expulsión inmediata generaría un colapso en la ciudad con apenas 5.000 entradas.
A pesar de las alertas enviadas las semanas previas, la cobertura policial en el paso fronterizo el día previo a los acontecimientos apenas contaba con una dotación de entre 9 y 12 efectivos de la Policía Nacional y entre 4 y 5 de la Guardia Civil. Sanz anunció que aportará al tribunal un informe «muy contundente» elaborado por él mismo el 24 de julio y remitido por el delegado al Ministerio de Política Territorial para dejar constancia de la gravedad del escenario que se estaba gestando.
Tensiones institucionales y despliegue militar
El testigo relató que, tras materializarse la entrada multitudinaria, el exdelegado Pérez Triano consultó a la Administración central sobre la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas para restaurar la tranquilidad ciudadana; sin embargo, desde el Gobierno se le indicó que carecía de competencias para ordenar dicha medida y que solo le correspondía formular la sugerencia.
Sanz expuso además los desencuentros con el Palacio de la Moncloa respecto al tratamiento de la crisis. En concreto, detalló las presiones sufridas durante la redacción de una nota de prensa conjunta el 27 de julio entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autonómico de Ceuta sobre la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los servicios de menores. Según su relato, Moncloa exigió modificar el borrador inicial por disconformidad con el contenido y por desaprobación hacia la difusión de un comunicado conjunto con una administración gobernada por el Partido Popular. Sanz afirmó asimismo que el presidente del Gobierno no contactó telefónicamente con el delegado en ningún momento de la crisis.
Actuaciones al límite de la legalidad en el ámbito local
En la misma jornada testificó el entonces jefe de la Policía Local de Ceuta, quien señaló que no disponía de indicios sobre la escala masiva que tomaría el flujo migratorio, aunque reconoció que desde el 13 de julio se apreciaba un repunte de llegadas marítimas tras la resolución del Supremo. El mandamiento policial denunció la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las jornadas críticas y justificó la emisión de una orden interna el 2 de agosto para suspender el acompañamiento de migrantes hacia la línea fronteriza. Según explicó, la decisión se tomó tras constatar que la Policía Nacional había interrumpido dicho procedimiento al considerar que la práctica rozaba los límites de la legalidad, pasando desde ese momento a labores exclusivamente informativas.
