La UE respalda acelerar las expulsiones de inmigrantes con la única oposición de España
La Unión Europea aprueba definitivamente el marco legal para trasladar centros de deportación a terceros países.

Los Estados miembros de la Unión Europea han culminado en Luxemburgo el trámite formal para adoptar la reforma que endurece la política comunitaria de devoluciones y consolida el marco legal para la externalización de centros de deportación en terceros países. La normativa permitirá trasladar a estos recintos fuera del territorio comunitario a los migrantes a los que se les haya denegado el derecho de asilo mientras se gestiona su expulsión definitiva. La medida salió adelante con el respaldo mayoritario del bloque y la única abstención de Bélgica, frente al voto en contra de España, cuyo Gobierno ha mantenido su oposición durante todo el proceso negociador.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, justificó la negativa del Ejecutivo al albergar dudas sobre la plena compatibilidad de estos recintos internacionales con el Derecho europeo y las convenciones internacionales de derechos humanos. Con este aval definitivo, la Unión Europea otorga cobertura jurídica a esquemas de traslado inspirados en el acuerdo suscrito entre Italia y Albania. La norma contempla que estos convenios puedan ser negociados de forma individual por un Estado, por alianzas de varios países o por el conjunto de la Unión Europea, fijando expresamente que los menores no acompañados no podrán ser derivados a estos centros fuera del suelo comunitario.
Entrada en vigor, plazos de retención y la Orden Europea de Retorno
El reglamento establece un periodo general de aplicación de doce meses tras su entrada en vigor, si bien disposiciones clave como el aval a los centros de deportación externos y el refuerzo del apoyo operativo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) serán de aplicación inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Entre las novedades operativas figura la obligación legal de los solicitantes de asilo denegados de cooperar activamente en su procedimiento de repatriación. Asimismo, se incrementan sustancialmente los periodos máximos de privación de libertad, permitiendo la retención cautelar de hasta 24 meses en casos de falta de colaboración o riesgo de fuga, prorrogables por seis meses adicionales si existen perspectivas razonables de expulsión. Este marco sustituye al régimen anterior, que fijaba un máximo de seis meses ampliables a doce en supuestos extraordinarios. La legislación señala que estos plazos podrán aplicarse como «último recurso» a familias con niños pequeños y menores no acompañados, sin fijar topes específicos inferiores a los 24 meses generales.
Para agilizar el reconocimiento mutuo de las decisiones de devolución entre los socios comunitarios, el reglamento introduce la Orden Europea de Retorno (ORE), un documento estandarizado que recopila los elementos jurídicos clave de cada expediente de repatriación. El ministro de Justicia e Interior de Irlanda, Jim O’Callaghan, en representación de la presidencia de turno del Consejo de la UE, destacó que el texto acelera las devoluciones completando el Pacto de Migración y Asilo bajo el pleno respeto a los derechos fundamentales.
Un grupo de cinco países proyecta el primer centro de repatriación para 2027
De manera paralela al debate comunitario, los ministros de Interior de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos mantuvieron un encuentro de trabajo en Luxemburgo para avanzar en la creación del primer proyecto piloto de centro de deportación en un país tercero.
El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, subrayó que el nuevo texto europeo otorga blindaje jurídico a estas iniciativas complejas, situando el horizonte operativo de estos espacios en el segundo semestre de 2027 tras completar las evaluaciones legales e institucionales con los países receptores. Por su parte, los titulares de Inmigración e Interior de Dinamarca y Austria, Morten Bødskov y Gerhard Karner, coincidieron en que la externalización de estos procesos desarticulará la logística económica de las redes de tráfico de personas al neutralizar sus promesas de permanencia en suelo europeo.




