La vivienda escala posiciones: del 16.º problema en 2018 a la primera preocupación en 2026
El problema de la vivienda ha escalado posiciones hasta convertirse en la principal preocupación ciudadana, tras pasar del puesto 16º en 2018 al primero en 2026.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Jefatura del Ejecutivo en 2018, la percepción social sobre el problema del acceso a la vivienda en España ha experimentado un giro radical. Hace ocho años, la cuestión residencial apenas inquietaba al 2,5% de la población, situándose en el puesto número 14 del catálogo de inquietudes ciudadanas. Tras ocho años de gestión gubernamental socialdemócrata, la crisis habitacional ha escalado hasta la primera posición del ranking de problemas nacionales, afectando hoy al 37,5% de los ciudadanos.
Las estadísticas que elabora mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para medir la coyuntura social y política del país reflejan esta transformación. En septiembre de 2018, el desempleo encabezaba ampliamente las prioridades de la sociedad, preocupando a seis de cada diez españoles, seguido a distancia por la corrupción (25,2%) y la coyuntura económica general (24,8%).
Durante el periodo de la pandemia de Covid-19 en 2020, la inquietud por el entorno habitacional cayó a mínimos históricos, descendiendo hasta el puesto 26 y registrando solo un 1,2% de menciones. Sin embargo, a partir de ese punto el repunte fue constante. En septiembre de 2025 la vivienda ya encabezaba la lista de problemas al alcanzar un 30,4% de respuestas (siendo el principal quebradero de cabeza para el 14,8%).
Un año después, el malestar se ha acentuado: el 37,5% de la ciudadanía sitúa la vivienda entre sus mayores preocupaciones y un 19,5% la señala como el problema prioritario del país. Por detrás se posicionan las dificultades económicas generales (21,6%) y la gestión migratoria (19,7%).
Presión social y respuesta legislativa del Ejecutivo
El descontento ciudadano ha cobrado fuerza en la calle a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que residía desde hace siete décadas en el distrito madrileño de Retiro. Este episodio ha derivado en movilizaciones sociales y en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Ante este contexto de tensión, el presidente del Gobierno atribuyó este domingo la responsabilidad de la crisis inmobiliaria a la oposición y anunció la tramitación urgente de un nuevo decreto en el Consejo de Ministros. Durante un acto político celebrado en Getafe para la presentación de candidaturas locales y autonómicas del PSOE de cara a 2027, el jefe del Ejecutivo se dirigió directamente a la afectada afirmando que el Gabinete trabaja a contrarreloj para aprobar la norma y apeló a la responsabilidad del arco parlamentario para su posterior convalidación.
Este movimiento atiende también a la presión ejercida por sus socios de coalición de Sumar, que el sábado previo amenazaron con ausentarse de las reuniones del Gabinete si no se articulaban medidas inmediatas en materia residencial.
Paralelamente, el líder del Ejecutivo ha defendido la necesidad de priorizar el uso residencial de los inmuebles sobre el alojamiento turístico como una de las herramientas que contempla la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Asimismo, instó a las administraciones autonómicas a hacer uso de los mecanismos que ofrece dicha legislación para ampliar la oferta de alquiler asequible, a pesar de que desde la promulgación de esa norma la preocupación ciudadana por la vivienda no ha dejado de incrementarse hasta situarse en máximos históricos.
