Vivas sostiene en sede judicial que Sánchez solo respondió a una de sus diez llamadas previas a la invasión.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha testificado este miércoles en calidad de testigo ante María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional. Durante su intervención, ha asegurado que su administración intentó alertar en diez ocasiones al Gobierno de la Nación durante los días previos a la entrada masiva sufrida desde Marruecos a finales del mes de julio, llegando a requerir formalmente la activación de la emergencia nacional sin recibir respuesta alguna.

De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, Vivas expuso una línea temporal de los acontecimientos que dio comienzo el 25 de julio, fecha en la que trató de contactar con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siendo atendido inicialmente por su director de gabinete. No fue hasta el día 30 cuando logró comunicarse de forma directa con Sánchez, quien optó por remitirlo a la Delegación del Gobierno. En dicho diálogo, el dirigente ceutí advirtió sobre un incremento significativo en la llegada de menores no acompañados y avisó de la inminencia de un episodio grave, ante lo cual desde La Moncloa se catalogó lo sucedido simplemente como una «crisis humanitaria».

«He mantenido una postura totalmente transparente y honesta desde el primer momento, y lo que he manifestado hoy ante su señoría coincide con lo que he venido sosteniendo públicamente», declaró Vivas a los medios de comunicación a la salida de los juzgados madrileños, dos meses después de que tuvieran lugar los hechos.

Según detalló el mandatario autonómico, entre el 27 y el 28 de julio la Presidencia de Ceuta emitió una decena de llamadas y mensajes destinados a La Moncloa, logrando entablar comunicación únicamente en tres oportunidades. Pese a la dimensión de la contingencia que se avecinaba, desde el Gobierno central le reiteraron que el canal oficial habilitado para la gestión del asunto era la Delegación del Gobierno.

Vivas expresó asimismo una queja hacia la actuación del Ejecutivo central al señalar: «Pedimos la emergencia nacional y no se hizo». A su entender, existían indicios y elementos de juicio bastantes para haber reaccionado con anterioridad a la avalancha fronteriza.

«En el Gobierno eran conscientes de que el flujo de entradas iba en aumento», aseveró el presidente ceutí y dirigente del PP, precisando que dicha tendencia al alza se reflejaba también en el número de menores no acompañados. Aclaró además que la petición de emergencia nacional buscaba operar como una medida preventiva de alerta.

Avisos dirigidos a Moncloa

El máximo responsable de la ciudad autónoma ya había anticipado su propósito de desglosar ante la juez la totalidad de las llamadas y notificaciones remitidas a Madrid antes de los acontecimientos.

Durante sus manifestaciones, Vivas expresó su firme interés en que se esclarezca la autoría de lo que ha catalogado como una «agresión a la integridad territorial», señalando de forma contundente a Marruecos como responsable directo. En su opinión, resulta inverosímil que las autoridades del país alauita no tuvieran conocimiento del desplazamiento masivo de miles de personas hacia la línea fronteriza, un movimiento de tal envergadura que difícilmente pudo haber pasado desapercibido.

La comparecencia de Vivas marca el inicio de una etapa clave en la fase de instrucción. Para este jueves está prevista la declaración testifical de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del dimitido delegado del Gobierno en la ciudad. Sanz dejó su cargo tras conocerse que había mantenido intercambio de mensajes vía WhatsApp con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como una conversación telefónica de aproximadamente once minutos con un operativo del servicio secreto el 29 de julio, la víspera de la irrupción masiva.

El testimonio del presidente ceutí se produce además escasos dos días después de la renuncia de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno, quien hizo pública este lunes su salida de la vida política argumentando que su entorno familiar «no se merece esta presión».

Conclusiones del informe del CENIF

El procedimiento judicial que dirige la magistrada Tardón en la Audiencia Nacional examina los sucesos registrados en la frontera del Tarajal, donde miles de migrantes intentaron acceder de manera caótica a suelo español, produciéndose la muerte de al menos 83 personas.

Al asumir las pesquisas, la instructora hizo referencia a la «permisividad» y a «una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos», fundamentando dicha tesis en la actuación de las Fuerzas de Seguridad marroquíes constatada en material gráfico.

La jueza citó a declarar a los testigos una semana después de aceptar a la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular, reconociendo a la institución como «víctima directa e inmediata» de los graves acontecimientos fronterizos.

Esta hipótesis de investigación se ve respaldada por un informe técnico encargado por la propia magistrada al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Dicho análisis achaca a las fuerzas de seguridad del país vecino labores de «guiado activo de la masa hacia los lugares de paso», concluyendo que existió una «planificación» tanto «previa» como «táctica», y descartando que lo sucedido fuera un hecho «incidental», «ocasional» o «espontáneo».

El informe policial identifica la presencia de «una autoría intelectual anterior y otra material», esta última orientada a cometidos de seguimiento y control de la operación. De acuerdo con los investigadores, agentes uniformados marroquíes habrían impartido instrucciones a los migrantes sobre cómo sortear los obstáculos del paso fronterizo y habrían coordinado la llegada a la zona de camiones de gran tonelaje abarrotados de personas.

El documento resalta igualmente la actuación de «agentes dinamizadores» de paisano, dotados de «complexión fuerte o atlética», cuyo comportamiento distaba de los patrones habituales de la multitud que cruzaba la frontera.

Con la aportación testifical de Vivas, la causa suma un elemento adicional al esclarecimiento de los hechos. La magistrada deberá comparar ahora la versión del presidente autonómico con la de las autoridades de la Delegación del Gobierno que atendieron dichas llamadas. Las indagaciones ya no se centran en exclusiva en lo ocurrido al otro lado del paso fronterizo, sino que analizan también la actuación en los despachos institucionales españoles, donde diez llamadas de advertencia derivaron en apenas tres contactos efectivos.