El Ejecutivo limita al 15% el alza del gas regulado, fija el bombona de butano en 19,55 euros y extiende el descuento al combustible tres meses más

El Consejo de Ministros aprobó este martes, 29 de septiembre, un nuevo paquete de medidas anticrisis —el tercero orientado a mitigar el encarecimiento de los precios derivado de la inestabilidad en Oriente Medio— con el propósito de amparar a los ciudadanos e industrias ante la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo en los meses de otoño e invierno. Ante el inminente vencimiento en octubre de diversos apoyos dirigidos a las actividades productivas aprobados en planes previos, la Administración central ratificó este nuevo decreto para blindar a las familias y al tejido empresarial frente a la subida de los costes energéticos motivada por el conflicto en Irán.

El plan incluye la extensión de los incentivos fiscales aplicables a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, además de establecer topes tanto a la tarifa regulada del gas como al precio de la bombona de butano.

En lo relativo al Impuesto sobre Hidrocarburos, la norma fija un descuento de 20 céntimos en octubre para la gasolina y el gasóleo, que pasará a ser de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre. No obstante, se incorpora una cláusula de corrección automática si la cotización del crudo se mantiene elevada. «Si los precios suben por encima del 15%, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre», precisó el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo.

Límites a las tarifas del gas y del butano

Para la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, cuyo reajuste entrará en vigor el 1 de octubre, el Ejecutivo determinó tope de incremento del 15%, al tiempo que la bombona de butano quedó fijada en un máximo de 19,55 euros. «En la tarifa de último recurso del gas lo que hacemos es atender a medidas específicas para el invierno, limitando la subida de la tarifa que protege a más de 3 millones de consumidores», declaró el ministro.

Se estipuló un margen máximo de subida del 35% para la revisión del mes de octubre y de un 15% para las posteriores, dado que se calcula que, de no haberse implantado esta restricción, el incremento habría rondado el 50%.

Asimismo, el Gobierno extendió las subvenciones destinadas al sector agroalimentario, abarcando las compensaciones por el sobrecoste del gasóleo de uso agrícola hasta el 31 de diciembre.

Conviene señalar que mientras ciertas disposiciones —como las relativas a la fiscalidad de los carburantes— expiraban a finales de septiembre, otras medidas continuarán vigentes durante todo el ejercicio, como es el caso de las bonificaciones extraordinarias del bono social eléctrico.

Para articular este real decreto, el Ejecutivo entabló conversaciones con los agentes sociales y con representantes de las actividades más expuestas a los costes energéticos, entre ellos el ámbito agroalimentario, el industrial, el energético, el comercio de distribución y el transporte.

Garantías fiscales para la electricidad y apoyos sectoriales

Adicionalmente, se preserva el mecanismo de salvaguarda sobre la reducción del IVA y del impuesto especial de la electricidad, que volvería a activarse —conforme a los decretos previos— en caso de que la cotización del gas o de la luz registre un alza superior al 15%.

En cuanto a las actividades con un impacto directo, se prorrogan las partidas destinadas al campo y al transporte profesional por carretera. Como novedad, se introduce una línea de ayuda dirigida al transporte ferroviario de mercancías, dotada con 15.000 euros por cada locomotora diésel, atendiendo a una petición formal de dicha industria.

Con miras a reforzar la autonomía energética, el plan prevé ampliar los depósitos de reserva de gas natural licuado de cara al periodo invernal y fortalece la estructura de los certificados de ahorro energético, sumándose a las regulaciones que ya estaban vigentes hasta final de año.

Perspectivas económicas y de inflación

Diversos informes de expertos, como el realizado por la economista sénior de la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas y docente de la UNED, María Jesús Fernández Sánchez, alertan de que la propagación de las tensiones hacia el estrecho de Bab el-Mandeb amenaza con agravar y prolongar los problemas en las cadenas de suministro.

Dicho contexto incrementa el peligro de una inflación energética más acentuada y duradera, susceptible de contagiarse al conjunto de precios de la cesta de la compra y a las escalas salariales.

Transcurrido medio año desde el inicio de las hostilidades, la presión sobre el coste de los combustibles se ha acentuado de nuevo: la tasa general de inflación alcanzó el 4,9% según el indicador publicado este mismo martes, un repunte propiciado por el encarecimiento de los productos derivados de la energía.

A futuro, entidades de análisis como Funcas sostienen que la inflación podría mantenerse por encima del 4% en los próximos meses, proyectando un promedio anual del 3,6% para este ejercicio y del 2,9% para 2027.