Vuelco en la vivienda: el Gobierno aplaza los desahucios a 2030 y lanza un decreto para blindar el alquiler indefinido
El Consejo de Ministros aprueba el paquete de medidas tras una negociación de infarto entre los socios de coalición.

Fumata Blanca en la Coalición y Estrategia Parlamentaria
PSOE y Sumar alcanzaron este martes, rozando las 11:00 horas, un consenso para sacar adelante un paquete de iniciativas en materia de vivienda. La negociación derivó en la articulación de dos reales decretos independientes:
- Decreto general e integral: Agrupa la ampliación de la moratoria antidesahucios y la regulación de modalidades de arrendamiento específicas.
- Decreto específico para alquileres indefinidos: Dedicado en exclusiva a convertir en permanentes las contrataciones de arrendamiento.
Para convalidar ambas normas, el Ejecutivo ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados este próximo viernes. Ningún decreto tiene la aprobación garantizada, puesto que se requiere de forma imprescindible la suma de los votos de Junts y Podemos.
Contratos indefinidos y prórroga antidesahucios hasta 2030
Aunque todavía se desconoce la redacción definitiva de los decretos, Moncloa ha precisado la distribución del contenido. El texto normativo independiente establecerá, en la práctica, la transformación de los contratos de arrendamiento en indefinidos, imposibilitando la finalización de los mismos salvo que la propiedad acredite formalmente requerir el inmueble para su uso personal o el de sus familiares. Por su parte, la pieza central del macrodecreto general será la extensión de la protección antidesahucios hasta el año 2030, mejorando el horizonte de 2028 que pretendía en un inicio la formación socialista. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificó la premura del trámite admitiendo sobre las conversaciones parlamentarias: “Ciertamente no hemos podido trabajar con los grupos con la dedicación del otro decreto”.
Regulación del alquiler, freno a fondos buitre y ayudas económicas
Este primer macrodecreto incorpora además un importante freno al arrendamiento de temporada y, tras un giro de posición por parte de Vivienda en la tarde del lunes, también a la modalidad por habitaciones. De forma paralela, el texto veta la compra de inmuebles por parte de fondos buitre hasta 2028 y concede a aquellos inquilinos cuyo contrato venza antes del 31 de diciembre de 2028 el derecho a exigir una prórroga extraordinaria de dos años. El paquete se completa con incentivos económicos, como la financiación al 0% de interés de la entrada para la compra de la primera vivienda —suprimiendo el requisito de edad que regía hasta ahora— y deducciones fiscales en el alquiler para arrendatarios con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales, una medida que Rodríguez calcula que alcanzará a 1,6 millones de beneficiarios.
La calle exige garantías y rechaza la fragmentación del decreto
A tres kilómetros del Complejo de la Moncloa, el impacto del anuncio se vivió con cautela en la Puerta del Sol, donde permanece acampada una multitud a la espera de examinar el articulado definitivo. El ambiente de la protesta estuvo marcado por la marcha atrás de Urbagestión, lo que permitirá la vuelta a su hogar de Maricarmen, un logro que el Sindicato de Inquilinas califica de histórico pero insuficiente para levantar las movilizaciones. De hecho, la representación social se muestra escéptica ante la decisión de fragmentar la legislación. Mientras la portavoz Alicia del Río señalaba que “estamos demostrando cómo el poder popular nos lleva cada vez más lejos, después de la victoria histórica que supone que Maricarmen vuelva a su casa. Tenemos todos los ojos en el texto, en la letra pequeña, para que sea el decreto Maricarmen”, la activista Valeria Racu criticaba abiertamente la estrategia institucional advirtiendo: “No aceptamos la táctica de romper en cachitos y dividir el decreto Maricarmen. Queremos un decreto que de verdad mejore nuestras vidas, que no sea engañarnos una vez más”, al tiempo que denunciaba que parcelar las medidas promueve “campañas partidistas que no interesan al pueblo”.




